El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto-ley 8/2022 de la Junta de Andalucía, que modifica la Ley 2/2003 sobre transportes urbanos y metropolitanos. Este recurso fue presentado por varios grupos parlamentarios, que alegaban que la norma violaba competencias estatales, locales y el principio de igualdad. El Tribunal, en una decisión unánime, ha concluido que la normativa es constitucional, reafirmando el marco regulador autonómico en relación con las autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Andalucía.

Adecuación del Decreto-ley a la urgencia legislativa

Uno de los principales argumentos presentados por los recurrentes se refería al uso indebido de la potestad legislativa de urgencia. Según su interpretación, la Junta de Andalucía habría adoptado el Decreto-ley sin justificar adecuadamente su urgencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó este planteamiento, argumentando que la urgencia estaba debidamente fundamentada en la necesidad de evitar un vacío legal tras la finalización de la moratoria sobre las autorizaciones VTC, el 30 de septiembre de 2022.

El uso del Decreto-ley, en este contexto, responde a la necesidad de garantizar una regulación clara y eficaz para el arrendamiento de VTC en el ámbito urbano. El Tribunal destacó que, sin dicha intervención, se habría producido un desajuste normativo que habría afectado tanto a los operadores del sector como a los usuarios de los servicios.

Autonomía local y competencia autonómica

Otro de los puntos discutidos por los recurrentes fue la presunta vulneración de la autonomía local. Según los demandantes, la normativa invadía competencias de los municipios al regular aspectos relacionados con el transporte urbano, que deben ser gestionados por las entidades locales.

El Tribunal, sin embargo, concluyó que el Decreto-ley no infringía este principio, ya que la competencia para regular los servicios de VTC en el ámbito urbano recae sobre las comunidades autónomas. Además, no era preceptiva la participación de los órganos locales en la elaboración del Decreto-ley, puesto que se trata de una cuestión de interés supralocal que afecta a todo el territorio autonómico.

Competencias estatales en transporte terrestre

Finalmente, los recurrentes alegaron que el Decreto-ley invadía competencias exclusivas del Estado en materia de transportes terrestres. El Tribunal Constitucional refutó esta alegación señalando que la normativa autonómica se limita a regular el ámbito de las autorizaciones VTC dentro de la comunidad autónoma de Andalucía, sin exceder las competencias que le corresponden.

La regulación se ajusta al marco normativo establecido por el Real Decreto-ley 13/2018, que habilita a las comunidades autónomas para gestionar este tipo de autorizaciones. El Tribunal destacó que las competencias del Estado en transporte terrestre no se ven comprometidas por el Decreto-ley andaluz, ya que la normativa autonómica no interfiere en las competencias estatales, sino que actúa en el marco de sus atribuciones.

Conclusión

El fallo del Tribunal Constitucional ratifica la constitucionalidad del Decreto-ley 8/2022, asegurando que la regulación de los servicios de VTC en el ámbito urbano es competencia de la Junta de Andalucía. Esta decisión refuerza la capacidad de las comunidades autónomas para legislar en esta materia, siempre que lo hagan dentro de los límites establecidos por el marco legal estatal. Asimismo, subraya la importancia de mantener un equilibrio entre los intereses locales y autonómicos en la regulación de los transportes urbanos.