¿Qué es una opinión de experto independiente y cuándo puede ser útil en un procedimiento judicial?

En determinados procedimientos judiciales, la valoración de los hechos exige conocimientos técnicos que exceden la formación jurídica del juez. En esos casos, la ley prevé la posibilidad de incorporar al proceso la opinión de un profesional externo con formación especializada, que actúe con independencia respecto a las partes. Nos referimos a lo que comúnmente se conoce como opinión de experto independiente.

Se trata de una herramienta procesal cada vez más habitual, especialmente útil cuando el litigio requiere analizar cuestiones médicas, contables, técnicas, científicas o de cualquier otra índole no jurídica. Esta figura no es nueva, pero su uso ha ganado relevancia a medida que los procesos judiciales se enfrentan a materias más complejas y los jueces deben tomar decisiones basadas no sólo en normas, sino también en hechos probados a través de conocimientos técnicos.

En este artículo vamos a explicarte qué es una opinión de experto independiente, qué requisitos debe reunir, en qué casos puede utilizarse, qué valor tiene en un proceso judicial y qué aspectos deben tenerse en cuenta al seleccionar un perito. Todo ello, de forma clara, rigurosa y conforme a la normativa procesal aplicable.

¿Qué se entiende por opinión de experto independiente?

La opinión de un experto independiente es un informe elaborado por un profesional con conocimientos técnicos específicos, ajeno a las partes, cuyo objetivo es ofrecer una valoración objetiva sobre hechos relevantes del litigio que requieren conocimientos especializados para su correcta interpretación.

Su fundamento legal se encuentra en los artículos 335 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permiten a las partes —o al tribunal— solicitar la intervención de un perito cuando “para conocer o apreciar algún hecho relevante en el asunto sea necesario o conveniente el conocimiento de una persona experta en la materia”.

Este tipo de informe se conoce en el ámbito procesal como dictamen pericial, y puede tener un papel determinante en la estrategia probatoria, ya que permite trasladar al procedimiento una valoración técnica documentada y fundada.

Requisitos formales y materiales del dictamen pericial

Para que una opinión de experto sea válida y útil en el proceso judicial, debe cumplir una serie de requisitos, tanto desde el punto de vista formal como material:

  • El experto debe contar con formación técnica adecuada, demostrable mediante títulos o experiencia acreditada.
  • Debe actuar con imparcialidad e independencia, sin vínculos personales, económicos o profesionales con las partes del litigio.
  • El informe debe presentarse por escrito, exponiendo de forma clara y ordenada los antecedentes, el objeto del dictamen, la metodología empleada, las observaciones realizadas y las conclusiones.
  • Si se solicita por alguna de las partes o por el juzgado, el experto debe acudir a juicio a ratificar su informe y responder a las preguntas que se le formulen.

El artículo 336 LEC exige que, cuando el dictamen se aporte por una parte, se incluya un escrito de designación que identifique al perito y justifique su cualificación.

¿Cuándo conviene aportar una opinión de experto independiente?

La utilidad de este tipo de dictamen se pone de manifiesto especialmente en los siguientes supuestos:

Litigios sobre responsabilidad civil

En casos de reclamación por daños —ya sean personales, materiales o económicos— es habitual que se necesite un informe que cuantifique el daño y lo vincule con el hecho causante. Por ejemplo, en defectos constructivos, negligencias médicas o siniestros.

Conflictos sobre autenticidad documental

Cuando se cuestiona si una firma es auténtica o un documento ha sido manipulado, el informe de un perito calígrafo o documentalista puede resultar determinante.

Procedimientos laborales por incapacidad

En litigios sobre incapacidad temporal o permanente, el informe de un perito médico independiente puede ayudar a probar la existencia de limitaciones funcionales y su grado de afectación.

Disputas societarias o mercantiles

En conflictos entre socios o frente a administradores, el informe de un experto contable permite analizar la gestión económica de la sociedad y acreditar, en su caso, una conducta lesiva o irregular.

Evaluación de cumplimiento normativo

En procedimientos sancionadores o en litigios sobre cumplimiento de obligaciones legales, un perito técnico en la materia puede certificar si las actuaciones han respetado los requisitos normativos aplicables.

Valor probatorio en juicio

Aunque la opinión del experto independiente no vincula al juez, este debe valorarla conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 LEC). Es decir, el juez tiene libertad para decidir qué grado de credibilidad otorga al dictamen, pero debe motivar su decisión en función de:

  • la cualificación técnica del perito,
  • la coherencia y claridad de su exposición,
  • la solidez de la metodología empleada;
  • y su defensa en sala en caso de ratificación.

Cuando existen dictámenes contradictorios, el tribunal puede valorar ambos o bien encargar una tercera pericia a un experto designado por turno. En ocasiones, el juez puede incluso ordenar de oficio la intervención de un perito si considera que es necesaria para resolver la controversia.

Costes y designación del perito

El coste de la elaboración del dictamen corre, por norma general, a cargo de la parte que lo aporta. En caso de estimarse íntegramente su pretensión, podrá solicitar la inclusión de esos gastos dentro de las costas del proceso.

Cuando se trata de un perito judicial, el juzgado lo designa de entre los profesionales inscritos en los turnos del colegio profesional correspondiente. En los procedimientos donde interviene el derecho a la justicia gratuita, también es posible solicitar la designación de perito sin coste, conforme a lo previsto en la Ley 1/1996, siempre que la prueba sea necesaria para la defensa del derecho.

¿Qué tener en cuenta al elegir un experto?

La elección del experto adecuado es determinante. No solo debe acreditar sus conocimientos, sino que debe ser capaz de elaborar un informe sólido, ordenado, claro y técnicamente preciso. También es importante que tenga experiencia en sede judicial, ya que deberá ratificar su dictamen y responder con solvencia a las preguntas de los abogados y del juez.

Un informe mal planteado, ambiguo o metodológicamente deficiente puede perjudicar la estrategia procesal de la parte que lo presenta. Por ello, su elaboración debe ser cuidadosamente supervisada por el abogado que dirige el procedimiento.

En conclusión, la opinión de experto independiente es una herramienta procesal eficaz que puede resultar esencial en litigios donde se discuten hechos que requieren conocimientos técnicos especializados. Su correcta utilización permite aportar claridad, reforzar la argumentación probatoria y aumentar las posibilidades de éxito en juicio.

No obstante, para que tenga verdadero valor, debe ser elaborada por un profesional cualificado, independiente, metódico y capaz de defender su informe ante el tribunal. El criterio del juez no se basa únicamente en la existencia del informe, sino en su calidad y su coherencia con el resto de la prueba practicada.

Consultar con el abogado la conveniencia de incorporar este tipo de dictamen es una decisión estratégica que debe valorarse en cada caso.